SALTA.- La séptima jornada del juicio oral del caso de las turistas francesas arrancó con un hecho inesperado: la presentación de una serie de 67 fotografías impresas de Cassandre Bouvier y Houria Mounmi. El aporte corrió por cuenta de Roberto Reyes, codefensor de Santos Clemente Vera, uno de los tres acusados de asesinar, violar y robar a las víctimas (los otros son Gustavo Lasi y Daniel Vilte Laxi). El abogado dijo que las imágenes llegaron a su poder mediante la intervención de un intermediario anónimo; que estas fueron tomadas con la cámara que usaron las extranjeras para documentar el último viaje de sus vidas; que parte del material era nuevo y que, en consecuencia, debía ser agregado como prueba en el expediente.

La intervención de Reyes modificó ligeramente el programa del juicio, que incluyó la declaración testimonial de 10 policías implicados en la investigación del caso. “Enviaron las fotografías al estudio por medio de un cadete.

Las imágenes muestran a las chicas en diferentes puntos turísticos de Salta, pero su valor surgirá del análisis que hagan las partes y los jueces. Nos quedamos con copias pero sólo las divulgaremos si el tribunal lo considera pertinente; la querella, por lo pronto, pidió que se respete la intimidad de las víctimas y nosotros estamos de acuerdo con ese criterio”, explicó Reyes a LA GACETA en el cuarto intermedio.

La aparición de otra supuesta tanda de imágenes tomadas por las turistas asesinadas había generado un sinfín de conjeturas en la sala de la Ciudad Judicial salteña (en su momento, la pesquisa dio un gran salto gracias a la recuperación de la cámara de Moumni y de fotografías que esta contenía). Pero las esperanzas, expectativas y elucubraciones de defensores, querellantes y periodistas se desinflaron cuando el fiscal Félix Elías tomó la palabra y dijo que las fotografías aportadas por Reyes no aportaban -valga la redundancia- nada nuevo.

Según su criterio, estos archivos ya constaban en el expediente. Los demás abogados expresaron su deseo de observar las imágenes antes de que la Sala II del Tribunal de Juicio se expida sobre el pedido del codefensor de Vera.

Una omisión de peso

Con los familiares de Mounmi y Bouvier “conectados” a la traducción en directo del debate, el proceso entró decididamente en la fase de interrogación de los policías que intervinieron en la compleja investigación del doble crimen. No pasó inadvertido que la participación en este caso peliagudo deparó ascensos para casi todos los que declararon ayer, pese a que en los Tribunales de Salta y en “la calle” subsisten las dudas sobre la prolijidad y calidad de la pesquisa.

Los policías en general fueron parcos y evitaron pormenorizar. Uno de ellos, el oficial auxiliar Héctor Delgado, dijo que participó en el traslado en camilla de los cadáveres desde la zona del mirador de la Quebrada de San Lorenzo hasta la entrada del circuito. Interrogado por el fiscal, el policía evaluó que al menos una hora demandaría hacer el camino inverso, que esa operación exigiría iluminación, y que tal empresa era riesgosa aún con experiencia y calzado apropiado.

“No habría podido bajar solo el cuerpo y difícilmente habría podido subirlo”, expresó. Fuentes del Ministerio Público comentaron a posteriori que este testimonio desvanecía la hipótesis de que las turistas francesas habían sido atacadas y ejecutadas fuera de la Quebrada, y que los restos habían sido luego colocados intencionalmente en el cerro.

Pero Matías Adet, codefensor del imputado Gustavo Lasi, se encargó de desbaratar la palabra de algunos policías al denunciar irregularidades en los papeles que autorizaron el allanamiento de la casa de su defendido (el argumento chocó contra un tribunal que recordó al letrado que oportunamente no había impugnado la documentación cuestionada). Adet asimismo demostró que los sargentos ayudantes Dante Ceballo y Jorge David Chilo firmaron actas de secuestro de objetos encontrados en San Lorenzo en el carácter de testigos civiles, sin precisar que eran policías. Ambos testigos reconocieron sus rúbricas y la omisión de consignar su pertenencia a la fuerza. Chilo por su parte dijo: “en su momento no había sino personal de la Brigada de Investigaciones en el lugar de los hechos”.

“La labor de la Policía fue condicionada por la urgencia y la necesidad de buscar culpables cueste lo que cueste”, opinó el letrado Reyes fuera del debate. Antes del término de la jornada, el tribunal integrado por Ángel Amadeo Longarte (presidente), Bernardo Ruiz (es tucumano) y Carlos Héctor Pucheta citó a las partes a la inspección ocular programada para el 14 de abril.

El juicio oral prosigue hoy con más declaraciones sobre las labores y procedimientos investigativos practicados a partir del 29 de julio de 2011, día en el que, por accidente, un visitante de la Quebrada encontró los restos de las turistas francesas.